Por: AGUSTIN
ANGARITA LEZAMA
Actualmente
se debate la reforma al sistema de salud.
Se llega a este punto por varias
razones. La primera es que nunca la salud había recibido tanto dinero, tantos
recursos como con el modelo de salud que hoy opera. Una segunda, nunca los servicios de salud
habían sido tan deficientes e inhumanos. Mas plata y peor servicio. El meollo
del asunto está en la concepción de salud inherente al modelo vigente. Para la
ley 100, guía de la salud en Colombia,
ella no es un derecho, sino un servicio. Para acceder a un servicio hay que
pagar. Ya sea que el estado pague mediante subsidios buena parte de los costos
por los enfermos, ya sea por pagos parciales, es decir con copagos, o que el
paciente pague todo o casi todo, por ejemplo, medicina prepagada, régimen
contributivo o medicina particular.
El problema central a abordar en esta reforma es
definir si lo que se necesita es una modificación en la que la salud siga
siendo un negocio rentable o que la salud se entienda y se organice como un
derecho fundamental de todos los colombianos bajo la responsabilidad del
estado. Responsabilidad que por ser sobre un derecho fundamental sería
indelegable.
Definir el
sistema organizacional de la salud como un servicio, es pensar en ganancias, en
negocios, en rentabilidad y utilidades. Esta es una decisión política, sin
sustento académico ni científico. No obstante, las grandes empresas privadas
que se han beneficiado de las ventajas obtenidas en la salud, han financiado
estudios e investigaciones académicas para justificar sus negocios, concluyendo
que el modelo no se puede modificar, y que hacerlo sería catastrófico. Además,
acusan a los que defienden el derecho a
la salud, como enemigos del sector privado, vetustos pregonadores de ideologías
extrañas, etc., tratando de ocultar una posición política democrática, que
pretende defender un derecho de todos así como el ordenamiento jurídico y
constitucional del país.
La
diferencia fundamental de las dos posiciones es la participación de actores
privados que hacen las veces de intermediarios en el sistema, ya sea
administrando, gestionando o manejando los recursos financieros y buscando
obtener el máximo de utilidad y ganancia. Por eso buscan aumentar los precios
de los medicamentos, disminuir o retardar la atención de los pacientes, escalar
los recobros de servicios o desviar y apropiarse de los recursos de la salud
con fines ajenos a la utilidad pública. La intermediación privada en el sistema
de salud es una limitación para el disfrute del derecho a la salud. Si la salud
es un negocio para el disfrute de pocos, es por la presencia de verdaderos
mercaderes de la muerte que saquean el erario y atentan contra la vida e
integridad de la sociedad en general.
El sistema
de salud está en crisis por la presencia
de intermediarios privados que han obtenido el máximo de utilidades a costa de
millares de pacientes que han visto deteriorar su salud. Sería estúpido pensar
que un sistema al servicio de los intermediarios privados, sumergido por ellos
en una crisis profunda y aguda, se superará mejorando las ventajas y gabelas
para los privados. El estado tiene la obligación constitucional de defender los
derechos y los intereses colectivos como el derecho a la salud. ¡No lo olvide!
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