Buscando la tercera solución para el problema de las drogas.
Por Hugo Neira Sanchez
"Para cada problema complejo", escribió el
periodista estadounidense H.L. Mencken, "hay una respuesta clara, simple
y errónea".
Hasta ahora se ha planteado dos formas: Criminalizando o
legalizando..
Criminalizando con todo el rigor; desde los productores
hasta los consumidores, metiéndolos en un saco a todos sin distinción alguna, desafiando
el Principio de Pareto: en cualquier actividad, 20% de los participantes suelen
ser responsables de 80% de la acción, cometiendo la arbitrariedad los Estados Unidos
de castigar duramente a los productores (colombianos) y, no a
los comercializadores generalmente “gringos”, como ejemplo el caso de Lehder,
ningún americano tiene una condena tan dura como la que tiene actualmente este
personaje, pues realmente todos son culpables el que peca y el que paga por
pecar.
Legalizar la droga, poniendo como ejemplo el problema
del alcohol, que acabo el problema de “mafias” violentas como la de Al Capone, donde
paso su control al Estado, pero lo que no manifiestan es que el alcohol está
produciendo más muertes en Estado Unidos que la droga, según un estudio
publicado en el Journal of the American Medical Association en el año 2000, el
alcohol produjo 85.000 muertes frente a 17.000 por drogas, mas los millones de
dólares que gastan en la rehabilitación de adictos.
El atractivo de la legalización está claro: acabaría
de golpe con la mayor parte de los problemas del mercado negro al arrebatarles
a los maleantes su ventaja competitiva. Sin embargo, para que resulte
efectiva, tendría que incluir no sólo la posesión sino también la producción, y
no sólo de la marihuana sino también de sustancias muy peligrosas como la
cocaína, el crack o la heroína.
Cuál sería el panorama de Colombia, un Estado que no ha
sido capaz de terminar completamente con las bandas criminales de derecha e
izquierda, que siguen como “señores de la guerra”, imponiendo su poder en
muchas regiones olvidadas del país, pasaría el control de la droga al Estado,
con todas las implicaciones anexas.
Con el control de Estado tendría; o comprar la droga o,
producirla directamente como se hace con el alcohol, se terminaría con el poder
económico de las bandas criminales como la FARC, pero estas para subsistir como
declaran descaradamente ahora, tendrían que volver al vil comercio sino hay
control efectivo del Estado, al
“secuestro”, realmente una encrucijada para Colombia, con cualquier solución
pierde hasta ahora. La tercera solución
es reducir estos problemas a una dimensión más manejable aunque no pueden
abolir el abuso de las drogas ni los mercados ilegales. Al legalizar las drogas
el problema quedaría a manos del Estado, temporalmente beneficiado pues le
quita el poder económico a las bandas criminales de “alto vuelo”, como he dicho
anteriormente y también la presión que
ejerce actualmente Estados Unidos en su efectividad y, en mandar culpables que tristemente la mayoría
negocian y, vuelven con castigos leves,
que no compaginan con el esfuerzo en dinero y muertes del país, regresando al
país felizmente.
El control del Estado es no eliminar la oferta de droga,
sino forzar que el tráfico no sea tan flagrante ni socialmente dañino, las
ventas se harán en los bares o mediante servicios a domicilio en lugar de
transacciones en las esquinas de las calles. Los resultados son espectaculares:
algunos mercados muy establecidos como pasó en Holanda desaparecieron de la
noche a la mañana
Con el alcohol hubo una medida que disminuyo el consumo
en los Estados Unidos, fue el de subirle los impuestos, coloco el alcohol a precios
costosos, para los usuarios, rebajando la demanda pero creo que esto no
resultaría en Colombia, sin ayuda de la
comunidad va a ser una tarea difícil que el Estado controle los pequeños grupos
criminales, que como el alcohol “chiviado”, siguen prevaleciendo en nuestras
calles.
Las pequeñas bandas criminales se podría eliminar
usando el programa “Alto al Fuego” empleado
en Boston (Estados Unidos) en 1996, las autoridades advirtieron a las bandas
violentas involucradas en el tráfico de drogas y otros delitos que si algún
miembro de su pandilla disparaba a alguien, las autoridades irían por todos
los miembros. No si se puede emplear en Colombia donde nos ufanamos del “Estado de derecho”, donde prevalece sobre la integridad personal.
Las leyes actuales ya prohíben la posesión y consumo de
cocaína, heroína y metanfetaminas, pero el riesgo de arresto es demasiado
pequeño para ser muy disuasorio. Sin embargo, cuando alguien ha sido condenado
por un delito, las reglas cambian. La abstinencia puede ser un requisito para
la libertad bajo fianza, y esta condición puede ser controlada con exámenes
químicos.
La legalización general tiene algunos atractivos
superficiales innegables pero no resiste un examen en profundidad. Las
perspectivas reales para la reforma implican políticas en lugar de eslóganes.
Está por ver si nuestro sistema político Colombiano —y el circo mediático que
suele darle forma— pueden tolerar la complejidad necesaria.*
*LA TERCERA VIA EN LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS: Jonathan P. Caulkins y
Angela Hawken
¿Qué
ibaguereño no anhela realizar estas posibilidades? 
Para
todo ibaguereño lo anterior es realizable: El mejor negocio del mundo es y será
el agua y aquí rebosa este vital recurso. El monopolio decoroso sobre el agua
potable lo tiene el IBAL. Sólo negándose a ser invitada de piedra la
comunidad ibaguereña podrá acometer iniciativas exitosas para construir
prosperidad ciudadana. El cómo hacerlo es asunto sencillo: DEMOCRATIZANDO AL
IBAL. 
