Qué pasa con la
Justicia Colombiana? Parte segunda.
Por: HUGO NEIRA SANCHEZ
Se hundió la
reforma de Justicia, y todos como Pilatos se lavaron las manos. Ahora surgen
voces para que una constituyente la reforme. La pregunta del millón, es quien
va a organizarla?. Quien va tener el poder de nombrar sus miembros?. Quien va a
colocar los temas?, Aunque el constituyente primario es el pueblo, este
ciegamente seguirá eligiendo como narcotizado a estos “ilustres padres de la
patria”- Quien nos salvara de este error?, lo malo es que seguirán en actividad
política los que mostraron las “uñas “
en esta reforma. Como el dicho popular” vaca ladrona” nunca se le olvida el
portillo. El pueblo volverá a “caer en la trampa” como decía el ilustre Darío
Echandìa un pueblo “cafre”, en manos de unos “vivos”
Pero que se
le puede reformar a una constitución que fue la primera en la historia de
Colombia, que no fue hecha por vencedores de revoluciones, que le abrió puerta
a la tutela, que le quito al gobierno el decreto de “estado de sitio”, que lo
esgrimía cada vez que se sentía disminuido en su poder, que castiga a los que
el flamante “fiscal” manifestó que tenían absoluta impunidad perdone inmunidad etc.
Disque esta
reforma era para descongestionar los juzgados, lo que no saben muchos es que
mientras algunos jueces trabajan duro otros hacen todo lo contrario, dando como
resultado que en promedio de ejecución, estamos muy por debajo del promedio del
mundo, o sea que reformar la justicia, sin reformar internamente es perder
dinero y tiempo
Por otra
parte la justicia que se estaba vendiendo
por unas monedas de “plata”, iba
a recibir varias gabelas: Mas dinero del presupuesto para que lo malgastara.
Ampliación de su estadía en la cortes con máxima edad de 70 años y prolongación
de tiempo de estadía en 4 años. Los acusados pagarían una suma de dinero a la
Justicia, por cada unos de los casos. El Consejo Superior de la Judicatura se
eliminaría por presuntos desfalcos y ejecutorias mal hechas como la ampliación
del valor de las pensiones, pero lo peor
es que iban a darle poder a quien uso este Consejo para hacer esto. Esto es para Ripley. Se iba a repartir la ejecución de la justicia
con los Notarios, que a duras penas actualmente implantan sus firmas costosas
en los documentos. Iba a soltar a muchos acusados congresistas, que
consiguieron sus votos, con sus manos manchadas de “sangre”. Lo que no se
conoce es que si esta reforma era para quitarle poderes al ejecutivo y producir
una “zancadilla” a Santos, para que quedara a manos del Congreso, o una mala
jugada de Lleras, el autor de esto, todo por la próxima presidencia de
Colombia. Poder!, Poder! Y el pueblo que lo lleve el
“diablo”.
Mientras la
justicia la quieren reformar, dentro de ella se tiene que depurar primero, pues
los siguientes hechos que son unos pocos que suceden cotidianamente en la rama
judicial, lo hacen las personas que
deben dar buen ejemplo y acatar las leyes: Mentes subdesarrolladas,
tercermundistas y chibchas (...). Como diría nuestra filósofa Shakira: sordos,
ciegos y mudos (...)". Con esos calificativos respondió la magistrada
del Tribunal Superior de Medellín, María Puerta a la decisión de la Corte
Suprema de Justicia de revocar uno de sus fallos. Por esa carta -que los siete
magistrados de la Sala Civil de la Corte recibieron el 6 de febrero de 2008 y
que Puerta finalizó afirmando: "Sin pena ni miedo. Eso sí, con mi
acostumbrado respeto"- el Consejo Superior de la Judicatura la sancionó
un mes. En casos como este, la Judicatura ha establecido que los jueces no
solo deben aplicar los códigos en forma debida, ser imparciales y objetivos en
sus decisiones y proteger los derechos de las personas. Su comportamiento personal,
advierte ese tribunal, debe ser ejemplar. En su defensa, la magistrada Puerta
contestó que su intención era hacerle ver a la Corte el error en el que estaba
incurriendo. Sin embargo, el magistrado Jorge Otálora -quien actuó como
ponente en el caso- convenció a sus colegas de que ese tipo de situaciones
reñía con la majestad de la justicia. Otros jueces la emprenden contra los
abogados. En Carmen de Bolívar, José España trató de "ladrón, sapo de
ojos saltones, pájaro de cuentas penales
y payaso" a Carlos de La Rioja, quien como apoderado del municipio apeló
varios de los fallos del juez.
España, quien
además es investigado por embargos a las arcas del municipio, fue castigado con
siete meses de suspensión por no "guardar el decoro" con el que deben
actuar los servidores judiciales. El juez les respondió a los magistrados de
la Judicatura que le estaban violando en derecho a la libertad de expresión,
pues en su lenguaje "hay desconocimiento de la elegancia de otros, pero
es castizo". Y agregó: "Tienen que dejar los melindres, la mojigatería
y las posiciones sensibleras".
Un fiscal de
Balboa (Cauca) que violó a varias niñas y alegó que no podía ser sancionado
disciplinariamente porque esa conducta "nada tenía que ver con su
trabajo". Además, aseguró que los hechos habían ocurrido en horas no laborales
Víctor Muñoz
Cabrera, fiscal de Balboa [Cauca], se quiso oponer a la suspensión por un año
que le impuso la Judicatura por actos abusivos con varias niñas menores de 9
años, asegurando que su acción criminal fue ajena a sus deberes como
funcionario judicial. Dijo que "ocurrieron en horas no laborables" y
en Popayán, una ciudad diferente a la de su puesto de trabajo. Según el fiscal
Muñoz, las conductas por las que también fue condenado a nueve años de cárcel
"hacían parte de su vida privada". Su comportamiento, concluyó la
decisión disciplinaria, debía ser pulcro, no solo en el despacho judicial, sino
en todos los actos de su vida.
Fueron tantas
deudas las que acumuló la juez promiscua de Susacón [Boyacá], Claudia Patricia
Zambrano Botía, que sus acreedores no tuvieron otra opción que presentar una
queja en su contra. Su sueldo estaba embargado por cinco obligaciones por más
de un millón de pesos y había otras siete órdenes de pago de cuatro juzgadas,
por casi 3 millones, haciendo cola. La juez fue suspendida dos meses por
comprometer la dignidad de la justicia. Sin embargo, ella se defendió
asegurando que las deudas no le impedían impartir justicia ni afectaban el buen
funcionamiento de su despacho.
La esposa del
juez segundo de Ortega (Tolima), Ezequiel Hernández Clavijo, cansada de los
escándalos públicos que él, borracho, le hacía, y de los maltratos a los que la
sometía, decidió poner una queja en la Judicatura. El funcionario, terminó
sancionado por 90 días por atentar contra el decoro y la dignidad de las
personas, pero alegó que su esposa era una perturbada mental y que los jueces
no podían darle cabida a "improperios, chismes y calumnias" de
quienes querían perjudicarlo. También aclaró que el maltrato contra su esposa había
sucedido "los domingos, que no es día laboral, y en sitios diferentes de
su lugar de trabajo".
El fiscal
Jaime Giovanni Chávez Ordóñez fue destituido de su cargo e inhabilitado 13 años
para ocupar cargos públicos por haber preparado un falso operativo y allanar
sin una orden judicial las oficinas de la pirámide DRFE, en Rosas [Cauca],
hechos ocurridos el 16 de noviembre de 2008. El fiscal Chávez aprovechó los
disturbios que se presentaron ese día para conformar una comisión judicial y
así ingresar al local. "Empleó su cargo para que le pagaran, por delante,
la totalidad de los dineros invertidos en DRFE en perjuicio de la mayoría de
los afectados", señala la decisión.
La Judicatura
ha sancionado a jueces por irrespeto,
por insultar a abogados en sentencias y hasta por irrespeto, por insultar a
abogados en sentencias y por violento, además ha expresado en numerosos fallos
el Consejo Superior que: "En cada
pueblo de Colombia, el alcalde, el profesor, el policía, el cura y el juez
representan al Estado y deben tener un comportamiento ejemplar", dijo el magistrado
Otálora, quien ha dado una batalla en la Sala Disciplinaria para lograr que
estos casos sean sancionados
.Fuera de
estos casos ventilados hay miles que están para definir en los estrados
judiciales; si la sal se corrompen que esperamos, será que sobran abogados en
Colombia, como lo determinaron hace años cerrar las facultades de derecho por
lo menos cinco años pues según el sociólogo Mauricio García Villegas en Colombia
hay 72 facultades de Derecho con 70.000 alumnos, según el sociólogo Mauricio
García Villegas. Otro profesor, Nelson Vanegas, anota: "Luego de leer las
marrullas (...) en Foncolpuertos, Cajanal, el Seguro Social, etc., me pregunto
¿qué abogados estamos formando?".
Realmente dejemos
esta constitución como esta, no les demos más queso a los ratones. Pongamos a funcionar
las redes sociales. Busquemos con ellas la verdadera democracia. No traguemos
entero las disposiciones de los Congresistas. En ellos hay gente proba, pero
parece que son pocos, como lo mostro esta reforma. No podía faltar entre los
congresistas que aprobaron los “micos” un representante nuestro; Edgar
Osorio, pero este según la prensa solo
hacia presencia de “comodín”, para el quórum, triste papel de un congresista, o
sea ni fu ni fa, como muchos de los nuestros que han llegado al Congreso a
ganar su sueldo, que no es ningún sueldo despreciativo, pues con todas las
gabelas que consiguen, la revista
“dinero” manifiesta que ganan aproximadamente
la suma mínima mensual de $80 millones de pesos, que para algunos no les
alcanza para comprar gasolina, pero si para
construir ”micos”., e irse para China para no ver el desastre que quería
hacer.
En varias ocasiones he dicho que el delito no es una
causa sino una consecuencia. Por lo tanto, el delincuente es un producto
social. De tal manera que castigar al delincuente no es suficiente, si bien es
cierto que al privarlo de su libertad, se evita que siga delinquiendo, si no se
trabaja sobre las causas que generan delincuencia, saldrán otros delincuentes y
la sociedad seguirá en peligro.
