MANUALES DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS
Por: AGUSTIN ANGARITA LEZAMA
En la Maestría en educación de la Universidad del
Tolima, específicamente en la línea de investigación en pedagogía de los
derechos humanos, desde hace más de tres años venimos investigando un tema
relacionado con los manuales escolares de convivencia de las instituciones
educativas de Ibagué y su articulación con los derechos humanos, los derechos
del niño y las demás normas que deben acatar.
Sin pretender una evaluación exhaustiva, son varios los
aspectos que se repiten entre una institución y otra, que nos pueden permitir
una mirada preliminar sobre el asunto. La ley 115 o Ley general de educacióny
el decreto 1860, entre otros, establecen que los manuales de convivencia son
herramientas pedagógicas que representan un conjunto de principios, derechos y
deberes que rigen las instituciones educativas públicas y privadas. Esos
manuales deben ser una expresión viva de la democracia en la escuela, por lo
tanto, deben ser construidos mediante un consenso entre los miembros de la
comunidad educativa: estudiantes, docentes, directivos, padres de familia…
Además, esos manuales deben tener revisiones periódicas para actualizarlos a
las realidades cambiantes de la vida institucional escolar.
Eso dice la norma. Pero en la práctica hemos encontrado
manuales que se elaboraron en 1994 y no han tenido ninguna actualización.
Existen instituciones que para evitar el debate democrático para crear los
acuerdos necesarios para la convivencia armónica, escogen a dedo los docentes,
los estudiantes y padres de familia, para que todo siga igual. Los rectores,
directivos y docentes quieren mantener su autoridad a toda costa y han reducido
los manuales de convivencia a simples reglamentos, a un gran listado de deberes
(nunca de derechos) y sobre todo de sanciones. Entonces, son manuales que
vulneran los derechos de los estudiantes, de los docentes, de los padres de
familia y que no quieren modificar.
Hay rectores que consideran que por el simple hecho que
los padres y los alumnos firman la matrícula y asumen algunos compromisos, ya
es suficiente para que tengan que someterse a un manual que viola sus derechos
humanos. Se les olvida que los derechos son irrenunciables y que no importa si
firmaron, así sea con huellas de sangre en papel, si sus derechos son
vulnerados pueden exigir su reparación vía tutela, si es del caso.
Hoy escuchamos a rectores y directivos docentes
peleando con los alumnos exigiendo que se corten el pelo o castigándolos porque
no les gustó el corte que se hicieron; o con las niñas porque se pintan
mechones o por el largo de la falda del uniforme o la altura de las medias. Ni
hablar del horror que les causan los piercing o los tatuajes. Las inquietudes de
los alumnos son múltiples: que si la calidad educativa tiene que ver con si
llevan o no el uniforme, con el largo o el color del pelo, con el gusto
personal por la nueva música o cosas por el estilo.
Si bien es cierto que no existe forma sin contenido,
que son dos elementos unidos e indisolubles, algunos creen que la forma es lo
más importante y se desviven por ella, no importa que los resultados académicos
de las pruebas SABER sean pésimas, o que los alumnos no entiendan lo que leen o
no sepan redactar o escribir. ¡El debate por la calidad
educativa está abierto!