Severo control e advertencia sobre manejo de dineros públicos en fiducias
Se trata de prevenir sobre los riesgos derivados de mantener recursos públicos inmovilizados en entidades fiduciarias. Hay 7 billones y medio de dpesos de dineros oficiales en fiducias.
La Contralora General de la República, Sandra Morelli Rico, advirtió
hoy a las entidades públicas del país sobre la necesidad de examinar el estado
de las fiducias constituidas con recursos de origen nacional, con el fin de
determinar los fines para los cuales fueron constituidas.
La Contralora advierte que las entidades públicas deben examinar si
los recursos que están en fiducias u otros mecanismos de carácter contractual y
financiero, se están destinando oportunamente a la adquisición de los bienes y
servicios para los cuales fueron apropiados.
“En caso contrario, es pertinente advertir que los costos que se
generen para mantener y administrar tales recursos sin justificación adecuada,
constituirán detrimento patrimonial tanto para los titulares de los mencionados
derechos fiduciarios como para los administradores que no adopten las medidas
correctivas necesarias de manejo, acorde con la finalidad del fideicomiso”.
A través de la Contraloría Delegada de Gestión Pública e Instituciones
Financieras, la CGR ha venido realizando seguimiento a la situación de los
recursos considerados como públicos colocados en fiducias (excluyendo Sistema
de Seguridad Social), cuyo valor ascendió en diciembre de 2011 a $7 billones y
medio de pesos.
En el análisis de la CGR, “se encontró que una gran magnitud de los
recursos de inversión que permanecieron en estas fiducias en los últimas tres
años (2009-2011), mantuvieron saldos similares durante todo el período. Es así
como 6.7 billones de pesos registraron una volatilidad promedio ponderada de
apenas un 29.3% durante el período, lo que significa que buena parte de
recursos permaneces inmovilizados. Además, el 30% de los negocios presentaron
variaciones inferiores al 5% durante ese lapso”.
Según la Contraloría, la permanencia de estos recursos a través del
tiempo debe ser justificada ya que de lo contrario no se estarán cumpliendo los
fines sociales para los cuales están destinados dichos recursos ni la finalidad
del fideicomiso, de conformidad con la ley”.
La CGR realizó un cálculo del costo de capital de los recursos
inmovilizados, con base en la tasa de interés promedio ponderada que se paga
por concepto de deuda interna y externa del nivel central, dando como resultado
un costo de aproximadamente $500.000 millones anuales, sin incluir el gasto
adicional en que deben incurrir los fideicomitentes por la administración
permanente de sus recursos.
En la actualidad hay un gran número de recursos públicos
fideicomitidos en entidades fiduciarias que no han presentando variación
significativa durante los últimos tres años (2009-2001), muchos de los cuales pueden
estar apareciendo como recursos ejecutados dentro del presupuesto de las
entidades nacionales o territoriales.
Lo anterior, aparte de los costos que representa para el Estado por
concepto de costo de oportunidad y el costo generado por concepto de administración
de estos recursos, puede llegar a generar detrimento patrimonial en aquellos
casos en los que el objeto de la fiducia sea la adquisición de un bien o
servicio para la comunidad y no la inversión por sí misma”.
Para la CGR, “esto puede significar que los mencionados recursos no
están cumpliendo su objeto social y pueden estar constituyéndose en un mero
mecanismo de generación de ingresos para las entidades administradoras”.
La Contraloría profiere la presente función de advertencia, “con la
finalidad de prevenir sobre los riesgos derivados de mantener recursos públicos
inmovilizados en entidades fiduciarias”, de acuerdo con la Ley 42 de 1993 y
según el Decreto Ley 267 del 22 de febrero de 2000