Por: AGUSTIN ANGARITA
LEZAMA
La justicia es un
servicio público. Una democracia, para que sea sólida y estable, necesita una
justicia eficiente. En Colombia, la creación de la Fiscalía, le entregó al
estado la carga de la prueba ante todo litigio penal. Es decir, es el estado el
responsable de acusar y aportar las pruebas en contra del presunto violador de
la ley.
Una vez reunidas las
pruebas, dentro de unos términos fijados de antemano, la Fiscalía ante un juez
de la República, acusa por un delito al presunto responsable. Se inicia el
juicio y el acusado tiene derecho a su defensa. Para nuestro sistema todo
ciudadano se presume inocente. Lo que significa que si la Fiscalía no es capaz
de probar que el acusado cometió un delito, el juez debe hacer primar la
presunción de inocencia y exonerarlo de cargos. Además, como el acusado tiene
derecho a defenderse de las acusaciones, puede controvertir todas las pruebas
que lo acusan y aportar elementos que solidifiquen su inocencia.
El juicio es una pugna de
elementos racionales entre el ente acusador y el acusado y su defensor frente a
un juez que debe ser imparcial. Al final del juicio, el juez dictará su
sentencia dejando libre al acusado por falta de pruebas o porque probó su
inocencia o lo condenará porque sopesando las pruebas considera que es
culpable. Las penas están ya establecidas entre unos rangos.
Cuando una persona es
condenada no sólo pierde su libertad sino que temporalmente se le restringen
sus derechos civiles. Al ser condenado a pena privativa de la libertad, es
sustraído del lecho familiar y se le aparta de sus seres queridos, amigos y de
la ciudadanía en general. En la cárcel deberá expiar sus culpas. La ley prevé
los casos en los que la resocialización del condenado amerita rebajas de penas.
En general, una persona
es vencida en juicio y condenada a la cárcel cuando debe pagarle a la sociedad
por un delito cometido. En el país está prohibida la cadena perpetua, por lo
que todos los castigos tienen límite. La privación de la libertad es un castigo
duro, en el que la sociedad castiga a sus ciudadanos que han infringido las
normas de convivencia. Cuando una persona cumple su castigo y retorna a la
libertad, es porque saldó su deuda con la sociedad. Por lo tanto, le devuelven
algunos derechos suprimidos y se le invita a retornar a la sociedad como
ciudadano de bien, que ya no tiene cuentas pendientes.
Si todo lo anterior es
verdad, no entiende uno como algunas personas se empecinan en zaherir o sosañar
a seres humanos que recobran su libertad después de tristes periodos en la
cárcel. Si el que salió de su reclusión está a paz y salvo con la sociedad y la
justicia, debe respetársele su derecho a rehacer su vida, a retornar a su hogar
y al calor de su familia sin someterlo al escarnio, quizá por odios o rencillas
del pasado.
No conozco a muchos de los que han purgado penas en la
cárcel. Pero me incomoda que ahora que están libres, después de cumplir con sus
obligaciones con la justicia y la sociedad, algunos se dediquen escarbar
heridas e inflamar odios con intereses oscuros. Todo ciudadano tiene derecho a
recuperar su buen nombre y mantener su honor.