Por: Alberto Bejarano Ávila
Ibagué tiene una superficie de 1.439 Km2
y su área urbana aprox. 100 km2. Al buscar referentes vemos
que el Depto. del Quindío posee una superficie de 1,845 Km2, 28% más
que Ibagué y tiene 12 municipios con 153.7Km2 de área media, mientras
que Ibagué tiene 17 corregimientos con área promedio de 78.7 Km2. No
insinúo que el municipio de Ibagué deba ser departamento cuando digo que en su
superficie cabrían 9.3 municipios quindianos, pero sí digo que urge un análisis
serio sobre la naturaleza sistémica y compleja del territorio ibaguereño, su
enfoque de desarrollo y las variables necesarias para lograr ese desarrollo.
En el imaginario común Ibagué es ciudad o
lugar urbano, es decir, visibilizamos el 7% del territorio mientras que el 93%
nos es impreciso, excepto en época electoral. Autoridades, técnicos, “científicos”,
planificadores y otros “agentes de desarrollo”, van al campo de manera ocasional
y “a la carrera”; el corregidor o inspector (queja común) atiende su despacho
pocas horas al mes; las entidades educativas y de salud rurales sufren apatía
crónica; el campesino debe pedir como dadiva lo que es su derecho. En fin, la
problemática del Ibagué rural es tan grave como inaceptable, habida cuenta del
respeto debido a sus pobladores y el significado cardinal de tan vasto
territorito para el progreso y la calidad de vida del citadino.
Por razón de equidad el sector rural
merece igual esmero que el urbano y, además, para construir la visión de
desarrollo debemos conocer y valorar las potencialidades sociales y
estratégicas albergadas en 1.339 Km2: Agua, seguridad alimentaria,
equilibrio ecológico, paz, fuentes de energía renovable, sostenibilidad ambiental,
agroindustrialización, biociencias, bionegocios, turismo y muchos más recursos
y oportunidades hoy ignoradas o subestimadas.
Ibagué más que ciudad es municipio y es lógico
que cada subdivisión geopolítica deba gestionar su propio desarrollo a partir de
la valoración de su entorno, su visión sistémica y su sentido de inclusión
social. En razón a este enfoque propongo instituir 17 comarcas ibaguereñas de
planeación y gestión. De planeación,
porque el corregimiento debe tener un plan especifico de desarrollo asociado al
plan municipal y sus presupuestos económico-financieros y de gestión, porque la
dirección, ejecución y seguimiento de ese plan debe tener responsables
concretos.
La idea supone: obligación del municipio
de acompañar a la comarca (corregimiento) para elaborar el plan de desarrollo y
sus presupuestos; designar, sin perjuicio de la función de la junta de acción
comunal, un Consejo Comarcal como órgano rector y consultor del Plan de
Desarrollo; integrar el Consejo Comarcal con delegados de organizaciones de la
sociedad civil de la comarca, empresarios rurales y entidades públicas o
privadas que se ocupan de asuntos del entorno; asignar al Corregidor
(seleccionado con perfil ejecutivo) funciones generales de “Alcalde Menor
Rural” y funciones especificas de dirección del Plan de Desarrollo, entre ellas
la de reportar informes al Alcalde, al Concejo Municipal y al Consejo Comarcal.
Igual propongo constituir la Federación
de Comarcas Ibaguereñas, ente que articulará, coordinará y promoverá sinergias
que cualifiquen las acciones que se ejecutan en el territorio municipal y,
además, realizará un metódico proceso de socialización y formación comunitaria
para empoderar a los habitantes de las comarcas y así favorecer la concurrencia
de esfuerzos hacia al éxito del Plan de Desarrollo Comarcal y del Plan de
Desarrollo Municipal.