El Archivo General de la Nación
(AGN) y Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) firmaron Protocolo de
gestión documental para archivos relacionados con el conflicto armado.
En cumplimiento a las
disposiciones de la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras
el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y el Archivo General de la
Nación (AGN) entregaron, el “Protocolo de gestión documental de los archivos
referidos a las graves y manifiestas violaciones a los Derechos Humanos, e Infracciones
al Derecho Internacional Humanitario, ocurridas con ocasión del conflicto
armado interno”.
Este protocolo quedó oficializado
a través de la firma de un Acto administrativo este lunes, 6 de febrero de
2017, por Armando Martínez Garnica, director general del AGN, y Gonzalo Sánchez
Gómez, director del CNMH.
Dicho documento establece los
criterios y medidas que deben seguirse para la identificación, protección, y
garantías de acceso a la información de archivos de derechos humanos, memoria
histórica y conflicto armado. Por ejemplo, alienta a las entidades a ajustar y
actualizar inventarios de sus archivos de derechos humanos, así como a
suspender de manera temporal la eliminación de documentos y series documentales
de este tipo de archivos.
"La importancia de este
protocolo para el país es que ofrece herramientas destinadas a identificar,
proteger y conservar aquellos documentos que se han elaborado, acopiado y
recopilado, durante las décadas que han sido escenario del conflicto armado
interno, pero también de aquellos que se produzcan durante el tiempo que tome
la superación del mismo. Los documentos denuncian, narran y ayudan a comprender
y superar la violencia. Una vez hayan sido identificados, serán parte del
patrimonio documental de la nación, enriqueciendo el conocimiento del pasado
que posibilite develar la verdad acerca de lo sucedido y además, registrando
las distintas maneras en las que concebimos el futuro" afirma el director
del AGN, Armando Martínez Garnica.
Este protocolo deberá ser adoptado
por las entidades de la administración pública en sus diferentes niveles, las
entidades privadas que cumplen funciones públicas y los demás organismos
regulados por la Ley 594 de 2000, en consonancia con el Decreto 1084 de 2015,
Decreto Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social y Reconciliación.
También contiene recomendaciones
para el manejo de los archivos y la información de las organizaciones de la
sociedad civil.