Por
ÓSCAR BARRETO QUIROGA
La función pública, debe buscar el bienestar de los más desfavorecidos.
La
defensa del patrimonio público y medio ambiental, el bienestar general debe
prevalecer en términos de equidad; debe desterrarse del ejercicio público, el
favorecimiento a los intereses particulares, las decisiones de cualquier
autoridad pública, deben tener la contundencia de la justicia social, para
proteger los bienes supremos del Estado, que son de todos, no de unos pocos.
Solo en esa vista, con legalidad y delicadeza podremos garantizar un acierto en
el ejercicio de la función pública.
El
discurso que engaña y busca adornar o maquillar de manera técnica o populista,
las decisiones para beneficiar unos pocos, carece de legitimidad y larga vida,
pronto la sabiduría popular y la legalidad les castigarán, en justicia o en las
urnas, donde se dirimen los enormes conflictos de los intereses individuales o
particulares. La ideologización de los temas importantes de la agenda pública,
risiblemente tiene sus contradicciones, es sorprendente ver como unos, que se
autoproclaman de izquierda defensores del medio ambiente, otorgaron licencias a
granel, como por ejemplo la famosa de “Hidrototare”, que es la construcción de
la hidroeléctrica sobre el río Totare, en jurisdicción de los municipios de
Anzoátegui, Santa Isabel, Alvarado y Venadillo, pero con efectos en toda la
región. Se trata de un proyecto de generación de energía que implica la
intervención de más de siete kilómetros, en una zona altamente productiva en
caña de azúcar, aguacate, café y plátano, además de arroz; es decir el discurso
por un lado para agradar la tribuna y los hechos por otro lado para
perjudicarla, llegó la hora de desterrar la doble moral de nuestra sociedad, la
hora de la coherencia, para gozar de un país distinto, de un país mejor.
La
vocación de servir, cada día más escasa en la política y en lo público debe ser
el alma y esencia de quienes llegan a los cargos, con funciones y mandatos, que
no pueden ser solo letra muerta sino la llama viva, que encarne el clamor,
bienestar y también el sufrimiento de los ciudadanos, pero sobre todo que necesitan
una carga de coherencia absoluta, alejada de los sesgos ideológicos y de la
doble moral. Los intereses supremos deben ser los intereses de los ciudadanos y
su calidad de vida.