PERIÓDICO EL PÚBLICO

¿SI LA SAL SE CORROMPE?

Por: Laura Inés Castro Cortés

A finales del año ochenta y ocho, hice mi tesis para optar el título de Contadora Pública en la Alcaldía de un municipio del norte del Tolima. En ese entonces pude presenciar un acto de corrupción entre el arquitecto que en esa fecha realizaba obras en el matadero de la localidad y el Contralor  de dicho municipio.

Cada ocho días viajaba con mi compañera de tesis, y en el área contable y financiera de dicha Alcaldía, hacíamos los trabajos pertinentes a una investigación académica. Al finalizar la jornada de un día sábado, el Alcalde y el Contralor con otro grupo de amigos, nos invitaron a un restaurante cercano para disfrutar de un almuerzo. Ya en el lugar pudimos observar como el arquitecto a quién ese día le habían pagado parte de la obra,  con carriel al hombro se fue con  el contralor al área de baños y  allí le entregó un gran fajo de billetes. Cuando mi compañera le preguntó al personaje, ¿de qué recibía plata? Él le contestó: “el sueldo de nosotros sólo alcanza para los dulces”.  Siendo imaginativos podemos deducir que una vez recibida la plata, la repartía con el Alcalde y sabe Dios con quién más.

Así las cosas,  ¿qué esperanzas podemos tener los colombianos frente a los entes de control que deben estar atentos, alertas y dudosos frente a las contrataciones y negociaciones que el Estado lleva a cabo? Han pasado muchos años después de ese episodio y en tiempo presente la situación es igual, basta presenciar el seriado en que se convirtió “El cártel de la contratación en Bogotá” y dónde el Contralor, carga a cuestas el señalamiento de que pedía comisión del 2% sobre los millonarios contratos de obras que adelanta la Capital de la República.

Que en las audiencias del caso los contratistas del Grupo Nule tilden de extorsionistas al Alcalde Samuel Moreno y a su hermano Iván, para nada sorprende. Maña vieja no es resabio. Pero que la cabeza del ente que debe controlar y vigilar que todo se haga con apego a la ley, esté involucrado como uno de los malos de la película, da mucha tristeza, pues es presenciar  cómo se corrompe la sal.

Si los profesionales que negocian con el Estado rompieran el código de silencio al que se someten cuando les son otorgados  los contratos, de seguro la gran mayoría de alcaldes,  gobernadores y contralores en el país, que utilizan la odiosa práctica del 2%, 6%,  15% o 20% sobre la contratación que asignan,  serían investigados como manda la ley, por las otras ías –Procuraduría y Fiscalía-  que al parecer  nada saben, nada sospechan, nada investigan y cuando les llegan las denuncias las archivan por falta de pruebas o porque pueden más los padrinos políticos del momento.

Lo que pasa en Bogotá, sólo se diferencia del resto de ciudades en el país,  por el valor  de los contratos, porque las mañas y las maneras de camuflar, utilizar testaferros y llevarse los pesos para convertirlos en dólares y situarlos en paraísos fiscales en el exterior, es una practica  normal y usual de la gran mayoría de gobernantes en el país.

Pero una cosa si es cierta, tanta facilidad de información, variedad y opciones de  comunicación, están resultando nocivos para los corruptos. Ahora es muy difícil mantener un secreto, y las contrataciones, sus valores y beneficiarios en todos los sentidos, están siendo auscultados por quienes jamás cohonestarán con la práctica maldita de desfalcar las arcas sagradas del Estado y poco a poco irán cayendo. No hay mal que dure mil años, ni Estado que lo resista.