EL SINDROME DE LA CORTE
Por Germán Barberi Perdomo
Definitivamente a pesar de que llegaron unos nuevos Magistrados, la Sala Penal de la Corte Suprema, no se ha repuesto del estigma que les representó la denuncia de haber sido supuestamente permeados por Georgio Sale, famoso por sus incursiones en el mundo social hasta hace pocos años, socio de Salvatore Mancuso y piedra de escándalo por sus aproximaciones a algunos magistrados de la Corte.
Como se sabe, Giorgio Sale llegó a desarrollar en Colombia una activa gestión empresarial, al punto de que sus negocios: La Enoteca, Made in Italy, Vinería italiana, entre otros, llegaron a convertirse en el centro de la vida social en Barranquilla, Cartagena y Bogotá. Y en medio de este cabildeo, el audaz empresario italiano logró hacerse a la amistad de varios magistrados de las distintas Cortes, razón por la cual surgieron sospechas sobre la conducta de algunos de ellos. Hubo regalos, agasajos y estas relaciones dejaron en tela de juicio a algunos juristas.
Después fue el empresario huilense Ascencio Reyes Serrano quien tuvo nexos con el extraditado narcotraficante José María Ortiz Pinilla, alias Chepe Ortiz.
De Ascencio se recuerda que financió, a través de su empresa Viajes y Turismo Basan & Cía. Ltda., homenajes a los jerarcas de la justicia sin que resultara claro ni su interés personal ni sus abultadas cuentas bancarias. Se habló de vuelos chárter para los magistrados pagados por este hombre, hacia el homenaje que se le brindaba en Neiva, al entonces presidente de la Corte Yesid Ramírez Bastidas, incluyendo un regalito del reloj Rolex que usaba junto a la toga con que impartía justicia.
Ello fue el inicio del choque de trenes entre dos de las ramas del poder público, representado de un lado por algunos Magistrados y por el otro, por el ex presidente Uribe, lo cual ni fue bueno para el país, ni para lo que en forma extraña, aún vemos como secuelas que pueden causar gravísimas consecuencias a toda una patria, que no tiene por qué pagar las consecuencias de un enfrentamiento absurdo, injurídico y además estéril.
Y es que es grave, el reciente fallo de la Corte en el caso del ex parlamentario Wilson Borja, investigado como supuesto auxiliador de las FARC, en donde se determina que los archivos del computador del abatido terrorista Raúl Reyes, dado de baja en un campamento en la zona de Angostura, Ecuador, en marzo del 2008, fueron recolectados por militares que no tenían funciones de policía judicial y que las autoridades colombianas violaron un acuerdo que existía con Ecuador, para realizar operaciones militares en la frontera, y que ninguna autoridad corroboró las denuncias que publicaron los medios sobre el contenido del computador del asesino de las Farc, concluyendo que por ello, esas pruebas no eran válidas, por ilícitas.
Y es grave por cuanto al decirse de conocedores sobre el tema, ello representa un retroceso para Colombia en su natural y obvia lucha contra el terrorismo que nos corroe y que se ha acrecentado con la salida de Uribe y la llegada de Santos.
Se ha entendido dicha posición de la Corte, no como jurídica, sino retaliativa en contra de Uribe, sin que se sopesaran las reales consecuencias de su determinación a todas luces desfasadas y nefastas, como quiera que ya Venezuela y Ecuador, - comprometidos a través de sus dictadores gravemente en dichos correos- , salieron a festejar, al igual que lo deben estar haciendo Cano y sus secuaces.
No se entiende cómo si dichas pruebas fueron incautadas en una operación militar debidamente ordenada y coordinada por quienes Constitucionalmente tienen la responsabilidad y el manejo del orden público, con pleno derecho y con funciones diáfanas de atacar a quienes atentan contra la seguridad de todos los Colombianos, la cadena de custodia fue respetada, si la Interpol certificó su autenticidad, corroborados por otros computadores igualmente obtenidos en operaciones de defensa, como los de Jojoy, con videos y testimonios de reinsertados, ahora se acude a leguleyadas para descalificar lo importante que se encontró en dichos discos duros, los cuales ni siquiera han podido ser desvirtuados por quienes allí figuran.
Pruebas que han sido aceptadas por gobiernos extranjeros para lograr capturas en orden de salvaguardar al mundo del terrorismo, ahora para un puñado de insignes juristas, no valen nada, en posición que – indiscutiblemente- los colocará en la mira de toda una comunidad globalizada, incluso de la Corte Penal Internacional, por posibles conductas y decisiones judiciales arbitrarias, que pueden ser consideradas como delitos de lesa humanidad, dadas sus consecuencias.
¿Cuántas muertes más de colombianos debemos padecer, para que por fin se trate por parte de la Corte con igual rasero a los auxiliares de la parapolítica, con los de la Farc-política? ¿O será que ello no existe?
Quisiera saber que dirá la Corte de los Estados Unidos y la juridicidad mundial sobre los computadores confiscados a Osama Bin Laden, en donde en forma idéntica fueron incautados en operación militar, en país extranjero sin su anuencia.
¿O será que nuestros ilustres Magistrados son más papistas que el papa?
¿O simplemente se trata de infames venganzas tardías que redundan en contra de todo un pueblo?
La historia será la única que dilucide este paradigma…