Por: AGUSTIN ANGARITA LEZAMA

La fe, el convencimiento y el temor a Dios constituyeron un pilar de la moral religiosa. Los ciudadanos no robaban, mentían o mataban porque estaba prohibido en el decálogo y porque temían el castigo divino. La secularización, ese proceso que separó los asuntos de la Iglesia de los del Estado, estableció una educación laica y universal. Parte de la tarea era reemplazar la formación ética religiosa por una ética civil, respetando las creencias religiosas y la moral individual de las personas. Infortunadamente este tránsito no cumplió a cabalidad la tarea. Se espantó el miedo a Dios y a sus castigos, pero no se implantó de manera real el respeto por el prójimo ni por la ley. Hoy no se le teme a Dios ni se respeta la ley.
Una ética civil no puede estar fundada en castigos o temores divinos, ni en la Fe. Debe facilitar que los individuos integren a su vida cotidiana normas, aceptadas por todos, y dejar en claro que infringirlas acarrea castigos, previamente establecidos y conocidos. Estaría contemplado en la ley humana, un componente punitivo de represión y uno de sanción social. El punitivo se expresaría en privación de la libertad o de la movilidad, multas, pérdida temporal de derechos, etc. Y la sanción social, que debería ser la más grave, se expresaría en el rechazo de la ciudadanía contra las personas que vulneraron la ley.
Como algunos jueces y autoridades son venales, como algunos confunden la ética con la urbanidad, y como la educación permanece pensada en educar para el trabajo, es decir, instruir más que formar, la ley se ha convertido en rey de burlas. Es común que se diga lo que mucha gente piensa y cree. Hecha la ley, hecha la trampa o que la ley es para los de ruana. La gente sigue creyendo en Dios, pero como un asunto privado, muy del fuero íntimo. La ausencia de una ética civil que guíe los comportamientos de los ciudadanos, es una deuda del Estado, a quien le corresponde la inspección y vigilancia de la educación, que a la larga tiene la responsabilidad de la formación. En este punto algunos maestros alegaran que los padres tienen obligación de formar. Es innegable. Pero la educación y los educadores también tienen responsabilidad, como la tiene la dirigencia política.
El alcalde de Ibagué convocará a la discusión pública de un Plan Decenal de educación, en el que, ojalá, estos temas se debatan ampliamente con la participación de todos.