Por
Luis Eduardo Chamorro Rodríguez
La evaluación de los docentes ha suscitado más de una controversia e
inclusive conflictos entre las organizaciones sindicales y el gobierno. El
Ministerio de Educación Nacional fracasó en el intento de implementar un
sistema de evaluación para todos los docentes, incluyendo a los escalafonados
según el decreto ley 2277 de 1979, que son la mayoría.
Existen dos situaciones en cuanto a
la evaluación del desempeño de los docentes. Los docentes escalafonados del
2277/79, en la realidad no son evaluados periódicamente, inclusive se resisten
a ello, aun en el contexto de la
evaluación institucional que anualmente deben realizar las instituciones
educativas oficiales.
En cambio, los docentes vinculados a partir del año 2002, que incluye a
profesionales no Licenciados en Educación, deben acogerse a tres evaluaciones
sobre su desempeño laboral, como mínimo: la evaluación del período de prueba
para tener derecho a inscribirse en el escalafón docente o para ascender en él;
la evaluación anual de desempeño y la evaluación de competencias. Ésta última
para ascender en la carrera docente.
En Ibagué, el ingeniero de sistemas Fernando Falla , de la Dirección de
Calidad de la Secretaria de Educación Municipal, es el encargado de
sistematizar los resultados de las evaluaciones anuales de desempeño que hacen
los rectores a los docentes de Ibagué.
Ya se completó la evaluación de desempeño de 653 docentes vinculados al
servicio educativo en Ibagué según el
nuevo Estatuto de Profesionalización docente (Decreto ley 1278 de 2002). Los
datos arrojan información que sirve de indicios sobre fortalezas y debilidades
encontradas en estos docentes; no siempre válida porque hay rectores que
aplican estrategias de autoevaluación en estos casos.
En Ibagué, ya son 716 los docentes vinculados según el nuevo escalafón,
cifra equivalente al 24 por ciento sobre
el total de 2 mil 954 docentes de aula que laboran en Ibagué.
¿Cuál es
el desempeño laboral de los docentes nuevos
de Ibagué?
Es un interrogante que se puede responder parcialmente con base en la evaluación anual de desempeño hecha a los
653 docentes.
La evaluación de desempeño en un 70 por ciento se hace sobre competencias
funcionales cuyo promedio fue en el 2012 de 92.75 por ciento y el 30 por ciento
restante en competencias comportamentales con un promedio de 92.07 por ciento.
De ser válida esta evaluación, se puede concluir que estos docentes son
mejores en cuanto a su comportamiento organizacional o institucional que en su
desempeño académico. Otra conclusión es que en Ibagué tendríamos los mejores
docentes porque estarían en el rango de desempeño sobresaliente.
Desde luego que tales resultados
serían distintos si se hiciera por pares
o evaluadores externos.
Se evalúa el desempeño académico de los docentes en cuanto a dominio curricular,
planeación y organización académica de sus planes de estudio; pedagogía y
didáctica (Cómo enseñan) y evaluación de los aprendizajes (Cómo evalúan a sus
estudiantes).
Se evalúa la gestión
administrativa de cada docente en cuanto al uso de recursos y el
seguimiento de procesos. En esta categoría de desempeño en competencias
funcionales, se evalúa, también, la gestión comunitaria en cuanto a comunicación institucional y la
interacción con la comunidad y el entorno. Ésta última gestión, de uno a 10, es
la de calificación más baja, con 8.81.
En cuanto al desempeño en competencias laborales, se evalúa
liderazgo, relaciones y comunicación,
trabajo en equipo, negociación y mediación, compromiso social e institucional,
iniciativa y orientación al logro.
Ningún docente queda en peligro de no ser ascendido en el escalafón o
separado del servicio, situación que ocurriría si el promedio de esta
evaluación estuviera por debajo del 60 por ciento en dos años consecutivos.
SE ACEPTA
LA EVALUACIÓN EN LA PROPUESTA DE ESTATUTO ÚNICO.
Hay otro dato positivo. FECODE, en representación del magisterio
colombiano, ha hecho una propuesta de estatuto docente único en el que se
acepta la evaluación de desempeño para todos los docentes, cada dos años. La
haría el Consejo Directivo de la institución educativa y no el rector, como ocurre ahora.
Se
propone, también, un Sistema Nacional de Formación permanente de docentes, en
pedagogía y áreas del plan de estudios. Sería gratuita y obligatoria,
financiada por el gobierno nacional con fondos del Sistema General de
Participaciones.