AGUSTIN ANGARITA LEZAMA
Haciendo referencia a las
crisis, se dice que es como cuando uno va corriendo, sin opción de retorno, por
un angosto túnel oscuro y después de un trecho se ve al fondo una luz. Lo que
no se sabe si es el final del túnel o un tren que viene en contravía. Es la
encrucijada de la Universidad del Tolima.
El rector y su grupo
directivo, con la connivencia de las directivas universitarias (Consejo
Superior, Consejo Académico, algunas organizaciones estudiantiles y algunos
directivos sindicales profesorales y administrativos) perdió el rumbo
universitario y metió a la institución en un túnel sin aparente salida.
Mientras que las
recomendaciones sobre personal necesario para funcionar de manera óptima en una
institución de educación superior, hablan de un funcionario por cada dos
profesores, en la UT se tienen tres funcionarios por cada profesor. Esto no
mejora la academia, pero si encarece costos. Estudios sobre el tema
desarrollados en la UT existen, pero no ha habido voluntad política para
ponerlos en ejecución. Lo que sí ha funcionado es el aumento desmedido de una
nómina paralela para pagar favores politiqueros y de franca corrupción. También
otros favores. Acabar con esta nómina y esta práctica es mandatorio.
Se necesita mayor
financiación estatal, es verdad. Se debe exigir el pago de deudas atrasadas y
de los aportes convenidos. Pero también absoluta claridad de cómo se invierten
estos recursos dentro de la institución. La UT es de todos los tolimenses, no
de pequeños grupos.
Pese a las exigencias de la
norma existen profesores de planta que no tienen carga académica y no dictan
clases. Esto obliga a gastar casi dos mil millones de pesos mensuales en
catedráticos. Si se hiciera cumplir la norma, sin atropellar a nadie, la
universidad obtendría casi un 40% de ahorro en sus recursos.
Hay facultades donde se
duplican esfuerzos, se traslapan funciones y se dilapidan recursos. La
reestructuración de las facultades y programas académicos, donde estos sean
dirigidos por profesores y no por contratistas externos, debe permitir una
modernización seria que redunde en calidad, eficiencia y eficacia. ¿Se deben
mantener todos los programas o se deberían cerrar algunos por onerosos,
ineficientes y de baja calidad?
Una cosa es defender la
universidad pública y otra defender a ultranza la ineficiencia de lo público.
La finalidad de la UT no es mantenerse abierta a cualquier costo. Para fomentar
el desarrollo de capacidades humanas para su formación integral permanente,
buscar el saber, producir y divulgar el conocimiento para el bienestar humano y
ambiental de nuestra sociedad; la UT no puede seguir siendo la “olla más grande
de Ibagué”, donde el microtráfico hace grandes negocios y nuestra juventud se
corrompe, en aras del libre desarrollo de la personalidad.
Hay procesos administrativos
ineficientes, ya conocidos y estudiados, que se deben tercerizar. No faltarán los gritos de alerta a la
privatización de los que prefieren la UT postrada, pero a la que le succionan
algunas prebendas, a un Alma Máter eficiente y cumpliendo a cabalidad su
misión.
La reestructuración o es
total o la catástrofe continuará su marcha. Los sindicatos y gremios deben
revisar si defienden sus garantías, sus pequeños feudos y ventajas o contribuyen
a salvar a la UT. Igual ocurre con el movimiento estudiantil. La universidad no
puede seguir siendo la puerta giratoria de la politiquería ni de la corrupción
local y regional. La solución no es de amiguismos ni favores, sino de
compromiso con la institución, con la sociedad, con la región y el país. El
ethos universitario debe ser la guía. Las directivas universitarias saben y
tienen claro todo esto, pero prefirieron pensar que la luz al final del túnel
era la mano de los políticos de siempre.
La solución de choque
necesita una medida fuerte y sostenida. Dialogada pero firme. Las directivas
universitarias actuales ya no dieron la talla… ¡Deben irse!