con los rectores de las universidades estatales.
Por
Luis Eduardo Chamorro Rodríguez
La Universidad del Tolima, hasta ahora, también gana en la
obtención de recursos financieros adicionales en los próximos cuatro años, si
se cumple lo pactado entre los rectores de las 32 universidades estatales y el
presidente Iván Duque, con destino al mejoramiento de la crisis financiera que
afecta al Sistema de Educación Superior de Colombia. Acuerdo o pacto que aún no
ha recibido el apoyo o beneplácito de estudiantes y profesores, situación de
conflicto que mantiene a las universidades estatales a media marcha cuando está
cerca la terminación del segundo semestre académico.
Las transferencias que
haría la nación para gastos de funcionamiento, en cumplimiento del artículo 86
de la ley 30 de 1992, que tiene como base el crecimiento del Índice de Precios
al Consumidor más tres puntos porcentuales en el 2019 y 4 puntos porcentuales
en los años siguientes, le aportarían a la Universidad del Tolima , cerca de 16
mil 583 millones de pesos a los cuales se les sumarían cerca de 4 mil 721
millones por los descuentos que se le hacen a los estudiantes por su
participación en las elecciones públicas.
Para inversión, la Universidad recibiría 21 mil 600 millones de
pesos, en los próximos años, es decir , unos 5 mil 400 millones anuales; para
infraestructura (aulas y dotación) unos 18 mil millones durante dos años, si se
cumple lo del aporte del Sistema Nacional de Regalías para los años 2019 y 2020. Y se espera que de los excedentes financieros
de las cooperativas, que antes se distribuían en inversiones para el sistema de
educación básica y media, para la Universidad lleguen unos mil 432 millones de
pesos adicionales.
TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN POR 313 MIL MILLONES
De esta manera, según los cálculos de la Dirección Financiera de
la Universidad, la universidad podría contar con transferencias nacionales por
un total de 313 mil 657 millones de pesos en el cuatrienio 2019-2022, de los
cuales, 259 mil millones para funcionamiento (pago de nómina y costos
salariales, entre otros) y cerca de 53 mil 891 millones de pesos para
inversiones. Porque en el año 2018 la nación hace una transferencia de recursos
financieros a la UT, por 59 mil 485 millones de pesos, cifra que pasaría a ser
de 80 mil 860 millones en el año 2020, si se cumple el acuerdo del presidente
Duque con los rectores.
Si a las transferencias de la nación se le suman las que se ha
comprometido hacer la gobernación del Tolima, se pasaría de 66 mil 195 en el
año 2018 a 89 mil 860, según se calcula, es decir, un incremento de 23 mil 665
millones en este período.
Las transferencias de la gobernación pasarían de 6 mil 195
millones del año 2018 a 9 mil 36 en el año 2022.
Bajo la advertencia de que hay camino por recorrer para que estas
cifras se conviertan en realidad. Deben estar incorporadas en el Plan Nacional
de Desarrollo y en el Plan Plurianual de Inversiones del país y en los
presupuestos de la nación, instrumentos de planificación que se aprueban previo
el cumplimiento de procesos de negociación política en las que intervienen los
parlamentarios, entre otros actores sociales relevantes, en el sistema de
educación superior.
EL INFORME DEL RECTOR
OMAR MEJÍA.
El rector se la Universidad Omar Mejía Patiño, en asamblea de
estudiantes y de profesores, ha informado sobre los términos del acuerdo del
Presidente Duque con las Universidades estatales. En la asamblea de profesores del martes 30
pasado, dijo: “Vamos a recibir recursos que no teníamos. Sin ser duquista, creo
en la palabra del presidente porque a diferencia de otros, que no firmaron nada,
ni nos habían invitado a dialogar sobre estos temas financieros, creo en el
acuerdo que se ha firmado. El acuerdo es
beneficioso para la universidad en términos financieros, es un camino que
comenzamos a recorrer, hay que seguir defendiendo la universidad pública y esto
siempre lo apoyaré. El presidente no nos estableció la condición de que
debíamos decirles a estudiantes y profesores que debían levantar el paro. Hubo
respeto con los rectores y con la autonomía universitaria”.
Mejía Patiño reconoció que la Universidad del Tolima no cuenta con
recursos financieros para concluir el año 2018 y que se agranda el déficit
financiero hacia unos once mil millones de pesos y que, en consecuencia, se
recurrirá a un crédito y al pago anticipado de matrículas para el año 2019.
“No hay condiciones para prologar el semestre académico, con el
déficit que tenemos. El sólo costo de
catedráticos por un mes, llega a la suma de unos mil 500 millones de pesos a lo
cual se le debe sumar el pago de arriendos para las ofertas de educación a
distancia; los costos del restaurante para los estudiantes, el pago de
servicios”.
EL
CESE DE ACTIVIDADES.
La universidad sigue a media marcha con
estudiantes y profesores en asambleas permanentes, lo cual impide el desarrollo
normal de las actividades académicas. A ello se suma la incertidumbre que crea
la sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima, que en desarrollo de la demanda
presentada por profesor Félix Salgado Castillo, declara nulo el acto de
elección del rector, “por infracción directa a la norma en que debía fundarse”,
lo cual originó un comunicado del Consejo Académico de la Universidad, que lo
integran los vicerrectores, los decanos y representantes de la comunidad
educativa.
El comunicado dice en algunos de sus apartes:
“Acatamos las diferentes actuaciones que la ley profiere, no obstante, nos preocupa
la manera como este tipo de interpretaciones vulneran el marco de la autonomía
universitaria, la cual debe ser el principio rector de las decisiones sobre la
vida universitaria… Por otro lado, encontramos que varios medios locales han
venido manejando la información sin consultar adecuadamente las fuentes, anunciando
que la Universidad del Tolima se encuentra sin rector, lo cual desconoce las
más elementales normas del orden jurídico que, como en estos casos aplica, se
tiene derecho a una segunda instancia frente al Consejo de Estado, quien será
al final quien valore el proceso y resuelva de plano la decisión”.
Es pertinente decir, que las asambleas
de actores educativos en la universidad, se han realizado por los cauces
normales del respeto. A pesar de ello el Consejo Académico admite que “algunos
miembros de la comunidad, afortunadamente muy pocos, se han dedicado a
desinformar a los funcionarios, estudiantes y docentes, generando un ambiente
de zozobra que conlleva a la pérdida del
rumbo universitario, a la proliferación del rumor y la mentira”.
