Por: AGUSTIN ANGARITA
LEZAMA
La modernidad creó el
Estado. Luego la sociedad fundó el estado de derecho para establecer la
supremacía de los derechos sobre los privilegios y para determinar el imperio
de la ley con leyes con sentido humano opuestas a la bestialidad de penas,
torturas y vejaciones. De tal forma que no primaran en la vida comunitaria las
decisiones personales o caprichosas ni las acusaciones sin la carga de la prueba.
Todo para garantizar la convivencia pacífica.
Para lograrlo, aparte de
las leyes, se necesitaba quien las hiciera cumplir. Al Estado se le invistió de
la legitimidad para usar la fuerza como monopolio. Se creó entonces la fuerza
pública. Un ente público sujeto al estado de derecho. Garantista y
proteccionista, nunca un cuerpo suelto y sin control. Este monopolio de la
fuerza estaría pagado por la ciudadanía a través de los impuestos. Como tener
la posibilidad de usar la fuerza podría degenerar en desmanes y abusos, se
crearon mecanismos estrictos de control y vigilancia.
¿Qué quiere decir
monopolio de la fuerza por el estado? De manera simple, que ningún ciudadano
está facultado para hacer justicia por su propia mano, que está prohibido
utilizar la fuerza de manera autónoma y discrecional. Sólo la fuerza pública
está facultada para ello. A ella se debe acudir cuando se requiera y a la
justicia como servicio público para los ciudadanos.
Colombia ha pagado con
ríos de sangre, no entender lo anotado. Ante el crecimiento del delito y la
ausencia estatal en las zonas rurales, las personas se organizaron para
autodefenderse. Otros, también por falta del Estado, se armaron para exigir
justicia social y supresión de privilegios. Ambas formas de organizaciones armadas,
por fuera del Estado, utilizan la fuerza para convencer y obligar. Fueron
financiadas por los ciudadanos, unos de manera voluntaria y entusiasta y otros
obligados. Terminaron saliéndose de las manos de sus creadores y convirtiéndose
en fuentes de delito y atropellos.
En Ibagué aparecieron unas
personas, que argumentando ser desplazadas y con urgencia de trabajar,
decidieron por cuenta propia convertirse en defensores de la ley y combatientes
del delito. Varios comerciantes vieron con buenos ojos esta “abnegada” labor y
la apoyaron con recursos financieros, logísticos y morales. Los recién
llegados, ante la connivencia de civiles y algunas autoridades, hacen justicia,
aplican la fuerza y violan derechos.
Este tipo de
organizaciones son ilegales. No respetan ni garantizan los derechos de los
ciudadanos que dicen proteger. No entienden del debido proceso. Abusan del
poder que les da el uso no legítimo de la fuerza. No tienen quien los controle
ni vigile, ni a quien rendir cuentas. Por buena apariencia que muestren, la
experiencia ha demostrado que no son una solución al delito, ni al mejoramiento
de la convivencia pacífica sino que con el tiempo empeoran la delincuencia y
dañan la vida en comunidad.
Los ciudadanos debemos
exigir que la fuerza pública actúe. Para eso les pagamos con nuestros
impuestos. Ella está para nuestro servicio. Esa es la labor de un buen
ciudadano. De ninguna manera tomar la ley en nuestras manos o contratar a un
tercero para que lo haga.
Pd: Feliz navidad y
próspero 2014 para todos y todas.