Por:
Hugo Neira Sánchez
La noticia del año pasado para proteger a
la mayoría de la ciudadanía colombiana
fue que con 104 votos a favor y 2
en contra, fue aprobado en cuarto debate el proyecto de ley (Ley 1696 de 2013) que
endureció las sanciones administrativas y penales a los conductores que manejen
en estado de embriaguez. Drástica o no drástica, lo cierto es que bajaron en
las fiestas decembrinas las muertes por esta medida En las fiestas de fin de año que acaban de
pasar, los accidentes de tránsito en Colombia disminuyeron un 68 por ciento.
Excelente. Los accidentes mortales bajaron 63 por ciento. Mejor todavía. En
cambio, hace apenas un año, en el 2012, cada hora y media moría un colombiano
en tragedias de tráfico. El promedio era aterrador: en 2012 hubo 5.693 muertos. (Gossain)
Pero como todo en Colombia primero es la ley
(eso decían los Nazis cuando llevaban a los Judíos a los hornos crematorios) y
luego los ciudadanos, ya hay peros y demandas contra esa ley que era necesaria
y, lo peor es que siguen delinquiendo estos borrachos.
Filiberto Restrepo Sierra, constitucionalista
y exdirector de Tránsito de Antioquia, dice que la ley va en contra de
principios que están en el Código de Tránsito, asegura que la ley que endureció
las sanciones para los conductores ebrios “anuló” el debido proceso y acabó con
la doble instancia, principios constitucionales que están en el aún vigente
Código de Tránsito.
Por eso, Restrepo dice que si la Ley 1696 de
2013 pasa el examen de la Corte Constitucional, la demandaría junto con unos
colegas. Sera que la vida en Colombia no vale nada. Porque en lugar de eso no
demandan a la Nación por haber dejado en libertad al cantante de la FARC,
manchado en sangre colombiana, con el
pretexto de tener la salud en mal estado, siendo que lo tenían en un cuartel Venezolano,
bien alimentado etc., tanto que agradeció públicamente las gracias al amigo de
Santos el señor Maduro.…
No nos
vaya a salir con el cuento del mismo Procurador con el caso Petro; su concepto
preferido “El ordenamiento Jurídico” ¿Cuál ordenamiento cuando se ve que cada
uno coge la ley, la acomoda a sus principios, la interpreta y como quiere y
hace sus demandas más como “ego” personal, sin importar las víctimas? Es un estado
de derecho donde la mayoría de los colombianos no entendemos, protección a quién?
al victimario o a la víctima? La
democracia es lo mejor del mundo, pero cuando se pasa a libertinaje jurídico es
una “plaga” mortal a nuestra esencia de Nación, democrática y libre.
Las medidas drásticas son necesarias para
mostrar a la gente que tienen protección de un Estado, medidas blandengues como
piden estos señores juristas contradicen las medidas que tomo nuestro prócer
Santander “el hombre de las leyes” cuando sintió que la patria estaba en
peligro después de la Batalla de “Boyacá”, y fusilo a Barreiro y 32 compañeros más
uno borracho que paso por la plaza de Bolívar donde tenían a estos y grito “ahí
vienen los españoles”, sin juicio alguno.
Si estos señores ganan esta demanda, como el chapulín
colorado quien nos salvara?
Las cifras, tercas y desalmadas, demuestran
que nos estaban haciendo falta esas leyes rigurosas que acaban de aprobarse y,
que en pocos días, produjeron resultados tan alentadores. Lo desalentador es
que perdimos diez años discutiéndolas, en medio de las zancadillas que ponían
los mercaderes de licor y el propio Estado, que vive del trago y sus impuestos.
En Colombia siempre sabemos lo que pasa, pero nunca sabemos quién lo hace. (Gossain)
Una cosa son los conductores borrachos y otra
los borrachos de todo género, pues en el
mundo entero la droga genérica llamada “licor” es la primera causa de muerte
entre jóvenes de 15 a 29 años. Lo más insólito es que el 90 por ciento de esos
accidentes se produce en los países más pobres, que son los que menos carros
tienen, pero los que más trago beben. (Gossain)
En América Latina estamos en el séptimo lugar
de bebedores con 6.3 litros anuales por habitante, pero allí no cuenta con la
cantidad de licor que se vende violando la ley, y eso que a lado dé cada caja
registradora, hay una placa de plástico rojo donde dice: “Ley 124 de 1994. Prohíbase
el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad”. No hay motivo para
asombrarse. No lo hay. Estamos en un país donde la gente dice frescamente que,
hecha la Ley, hecha la trampa (Gossain)
La más grande, completa y confiable
exploración social que se ha hecho en el país sobre el alcoholismo juvenil
estuvo a cargo de los ministerios de Educación, Justicia y Salud, apoyados por
las Naciones Unidas, la OEA y el gobierno de Estados Unidos. Cubrió a 95.303
estudiantes de secundaria en más de mil colegios de 27 departamentos. (Gossain)
Sus hallazgos son aterradores. Dos de cada
tres estudiantes han consumido licores antes de cumplir 11 años de edad. El 44
por ciento de ellos asiste a colegios privados y el 34,5 por ciento, a los
públicos. El 60 por ciento de los alumnos de último grado de bachillerato bebe
alcohol por lo menos una vez a la semana. Las regiones con mayores índices de
alcoholismo juvenil son: Boyacá, Antioquia, Risaralda, Bogotá y Caldas, que
cubren el 50 por ciento del consumo nacional. Los indicadores más bajos están
en Sucre, Magdalena y La Guajira, que ya van llegando al 25 por ciento. (Gossain)
El problema más grave es que el Estado, no ha
determinado que ser borracho es una enfermedad y, que debía declarar como una
epidemia publica como lo está haciendo con el cigarrillo y, no fomentar para
sus rentas las fiestas alcohólicas con su consumo incluido.
Cuando se vendió “Hidroprado” perteneciente
realmente al departamento del Tolima, insistí que el departamento no lo debía
hacer, pues debía cambar su actitud
cantinera por producir energía para las rentas, se atravesó el exsenador García
quien vive cómodamente en Paris, esperando su indemnización millonaria, según
el para que rehacer su honor, por su retención injusta, acepto la venta de este
bien, manifestando que nosotros los tolimenses no éramos capaces de manejar la
producción de energía. Lo cambio para su interés público, por carreteras
rurales para sus votos “cautivos”. Inversión que no supimos como lo hicieron. Además
manifestó que era una bicoca lo que recibía; $3.000 millones anuales, por la generación
de “Hidroprado”, Aproximadamente unas 100.000 botellas de aguardiente, que
dejaría de embrutecer más tolimenses y, realizar más crímenes. Pero estos son
nuestros políticos, primero ellos y después los demás. Rentas de licor y
educación no compaginan
Diferente a los Antioqueños quienes están cambiando
su licorera, cuyos productos son muy apetecidos en los mercados, están
cambiando esta empresa muy rentable por la hidroeléctrica de “Ituango”, allí se
dieron cuenta que no se puede seguir envenenado a la juventud, ni al resto de los
ciudadanos.
Gossain
Juan Especial para ELTIEMPO. Nos preocupa solo el accidente o también el
borracho? El Tiempo. 14 de Enero del 2014.Bogota.