Por: AGUSTIN ANGARITA LEZAMAI
Indignación general causaron las denuncias de la
revista Semana sobre la corrupción en las Fuerzas Militares. La molestia
ciudadana proviene de varios aspectos relacionados. La primera es que la
información los periodistas la obtuvieron de la comisión de acusaciones de la
cámara de representantes, donde reposa sin ningún uso desde hace meses. La
segunda es que es valerosa la actitud de la prensa en destapar este tipo de
actos delictivos. La tercera es que no pase a mayores la investigación salvo
pequeñas escaramuzas, chivos expiatorios, etc.
Los altos mandos, que son los gravemente implicados,
han puesto el grito en el cielo. Acostumbrados a su intocabilidad y a hablar
duro, han tratado de decir que es una afrenta contra las instituciones, que se
favorece a la guerrilla, que se quiere acabar con la credibilidad de una
institución respetable, que se arruinará la moral de las tropas y que son actos
de politiquería o de odio contra las fuerzas militares.
¿Qué contó la revista Semana? Que existe una compleja y
bien organizada red entre los altos mandos de las Fuerzas Militares, que
utilizando información privilegiada, dan contratos a dedo, amañan licitaciones,
cobran suculentas tajadas por adjudicar contratos, sobornan jueces y
autoridades de control venales y se enriquecen a expensas de los dineros que
pagamos los colombianos.
Pero no fue solo eso. Esta red también se ocupa desde
las prisiones militares de traficar información, comprar testigos, acomodar
testimonios o recaudar dineros para sobornar fiscales y jueces, y reacomodar
detenidos por falsos positivos en las guarniciones militares. Además, coordinan,
definen y cobran la intermediación para los traslados presupuestales de las
guarniciones militares, desvían los presupuestos para gasolina, utilizan
indebidamente los tiquetes aéreos dándoselos a abogados defensores, así como
usan vehículos oficiales y hombres uniformados para servicios personales o
vigilancia de familiares. También venta ilegal de armas, privilegios para
detenidos, permisos irregulares de salida, usos de casinos castrenses y hasta
disfrute de vacaciones de los presos por fuera de sus sitios de reclusión.
Hay evidencias
de planes para obstruir, enfrentar y desprestigiar la justicia. En resumen, lo
que se pone de manifiesto es una completa organización para saquear el estado.
Preocupa la reacción de algunos militares de alto
rango, unos ya retirados, quienes quieren hacer ver que la labor periodística
de investigación es nociva para su institución. Es más, se atreven a insinuar
que se hace en complot con organizaciones subversivas o enemigas del país.
Nadie duda de la abnegación de nuestros soldados y policías que entregan su
vida y su tranquilidad por la seguridad de los colombianos. Pero es cosa distinta
que sus jefes se aprovechen del buen nombre que le dan a la institución los
esfuerzos de sus hombres y busquen enriquecerse a costillas de todos nosotros.
Y para rematar que le echen la culpa a los periodistas por hacer bien su
trabajo y destapar este tipo de acciones delincuenciales. En este caso, la
prensa cumple con su deber, y algunos militares hacen mal su tarea y culpan a
los primeros por denunciar su proceder. Los pájaros disparándole a los fusiles.