PERIÓDICO EL PÚBLICO
Ibagué, Cómo vamos
Laura Inés Castro Cortés
Se conoce el  informe consolidado que entregaron las empresas patrocinadoras del programa Ibagué, Cómo vamos, cuyo principal  objetivo es hacer seguimiento y  evaluar la calidad de vida de Ibagué. Crear mecanismos para una mayor efectividad y transparencia en el gobierno local de turno. También rezan sus objetivos,  que se pretende sensibilizar a los ciudadanos a fin de que se preocupen por estar informados, exhiban responsabilidad y por supuesto se animen a participar. Finalmente menciona como un objetivo específico,  el interés de propiciar alianzas estratégicas que incidan en el desarrollo de políticas de calidad de vida para los ibaguereños.
Este informe no dice nada que no sepamos. Ibagué está sumido en la miseria y la pobreza. El 63% de su población pertenece a los estratos 1 y 2, el 26% al 3 y sólo el 11% a los estratos 4,5 y 6. Se evidencia el poder de concentración. Más de la mitad de su población tiene difícil acceso a los servicios básicos y vive en situación de desigualdad. Reto grande le espera al próximo alcalde para acortar esta brecha.
Sostiene que el 87% del cubrimiento de acueducto está a cargo del IBAL. Lastimosamente no hace referencia a los permanentes cortes del vital servicio, que perjudican a  la población sin distingo alguno, hecho que ha deteriorado la calidad de vida de los ibaguereños. Que ha impedido el asentamiento de grandes industrias en la ciudad, afectando su emprendimiento, industrialización y competitividad Aquí otro gran reto para el futuro gobernante de la ciudad.
En el ítem de Buen Gobierno, afirma que en la administración municipal el nivel de riesgo de corrupción es medio. No creo. Que el factor de control y sanción es del 81%, poco creíble. Ojala los ibaguereños pudiéramos contar que la ciudad tuvo una vez en su historia,  un mandatario totalitariamente transparente, sin mácula, sin sombra de duda en sus contratos y comisiones. Que nada se pueda decir de su tráfico de influencias, de su participación en política y tantos otros “negocios” que se mencionan, pero que nadie denuncia abiertamente y que tampoco lo hace en las instancias que corresponden.
Este documento que evalúa las áreas de la educación, la salud, el mercado laboral, la vivienda y la seguridad, los servicios públicos, el medio ambiente, la movilidad y la cultura, con cifras y estadísticas aportadas por la Administración Municipal, el DANE, el Departamento de Planeación Nacional, los Ministerios e investigación de Universidades, presenta como retos para la ciudad, la generación de empleo, la disminución de la pobreza y de los niveles de delincuencia, la creación de un  verdadero desarrollo productivo de la ciudad y que por lo tanto es necesario:
-Mejorar la infraestructura de la ciudad en materia vial, espacio público y la calidad de los servicios públicos, así como  dinamizar la construcción de vivienda, especialmente la dirigida a la población de más bajos ingresos
-Realizar mayor seguimiento y control ciudadano a la construcción de proyectos como el acueducto complementario de la ciudad
-la implementación del sistema estratégico de transporte público
-Mejorar la comunicación en las dependencias de la Alcaldía
-Devolver la población desplazada a sus lugares de orígenes
-Ampliar la cobertura escolar
-Lograr mayor compromiso de las EPS
-Preservación del medio ambiente
Ibagué, “Como vamos” no puede ser  otra buena, regular o mala radiografía de la ciudad que se queda como tantos otros estudios,  sin remedio alguno. Este informe debe ser un referente para que todos los candidatos a la Alcaldía de Ibagué, a la Asamblea y el Concejo,  con un equipo de asesores de primer nivel, en un ejercicio de inteligencia colectiva, propicien la  creación de estrategias, planes, programas, proyectos  y propuestas de corto, mediano y largo plazo, que sirvan para conjurar las tantas carencias que padece la ciudad.
Uno de los objetivos específicos del programa, en el que pretende que los ciudadanos “estén bien informados, exhiban responsabilidad y se animen a participar” lo entiendo como un llamado a  utilizar los mecanismos de participación  que nos entrega la Constitución Política de Colombia.  Si nuestro Alcalde no cumple con su programa de gobierno, hagamos uso del derecho político y propiciemos la revocatoria de su mandato.