PERIÓDICO EL PÚBLICO

Buscando la tercera solución para el problema de las drogas.
Por Hugo Neira Sanchez
"Para cada problema com­plejo", escribió el periodista estadounidense H.L. Mencken, "hay una respuesta clara, sim­ple y errónea".
Hasta ahora se ha planteado dos formas: Criminalizando o legalizando..
Criminalizando con todo el rigor; desde los productores hasta los consumidores, metiéndolos en un saco a todos sin distinción alguna, desafiando el Principio de Pareto: en cualquier actividad, 20% de los participantes sue­len ser responsables de 80% de la acción, cometiendo la arbitrariedad los Estados Unidos de castigar duramente a los productores (colombianos)  y,  no a los comercializadores generalmente “gringos”, como ejemplo el caso de Lehder, ningún americano tiene una condena tan dura como la que tiene actualmente este personaje, pues realmente todos son culpables el que peca y el que paga por pecar.
Legalizar la droga, poniendo como ejemplo el problema del alcohol, que acabo el problema de “mafias” violentas como la de Al Capone, donde paso su control al Estado, pero lo que no manifiestan es que el alcohol está produciendo más muertes en Estado Unidos que la droga, según un estudio publicado en el Journal of the American Me­dical Association en el año 2000, el alcohol produjo 85.000 muertes frente a 17.000 por drogas, mas los millones de dólares que gastan en la rehabilitación de adictos.
El atractivo de la legaliza­ción está claro: acabaría de golpe con la mayor parte de los problemas del mercado negro al arrebatarles a los malean­tes su ventaja competitiva. Sin embargo, para que resulte efectiva, tendría que incluir no sólo la posesión sino también la producción, y no sólo de la marihuana sino también de sus­tancias muy peligrosas como la cocaína, el crack o la heroína.
Cuál sería el panorama de Colombia, un Estado que no ha sido capaz de terminar completamente con las bandas criminales de derecha e izquierda, que siguen como “señores de la guerra”, imponiendo su poder en muchas regiones olvidadas del país, pasaría el control de la droga al Estado, con todas las implicaciones anexas.
Con el control de Estado tendría; o comprar la droga o, producirla directamente como se hace con el alcohol, se terminaría con el poder económico de las bandas criminales como la FARC, pero estas para subsistir como declaran descaradamente ahora, tendrían que volver al vil comercio sino hay control efectivo del Estado,  al “secuestro”, realmente una encrucijada para Colombia, con cualquier solución pierde hasta ahora.  La tercera solución es reducir estos problemas a una dimensión más manejable aunque no pueden abolir el abuso de las drogas ni los mercados ilegales. Al legalizar las drogas el problema quedaría a manos del Estado, temporalmente beneficiado pues le quita el poder económico a las bandas criminales de “alto vuelo”, como he dicho anteriormente  y también la presión que ejerce actualmente Estados Unidos en su efectividad y,  en mandar culpables que tristemente la mayoría negocian y,  vuelven con castigos leves, que no compaginan con el esfuerzo en dinero y muertes del país, regresando al país felizmente.
El control del Estado es no eliminar la oferta de droga, sino forzar que el tráfico no sea tan flagrante ni socialmente dañino, las ventas se harán en los bares o mediante servicios a do­micilio en lugar de transacciones en las esquinas de las calles. Los resultados son espectaculares: al­gunos mercados muy establecidos como pasó en Holanda desaparecieron de la noche a la mañana
Con el alcohol hubo una medida que disminuyo el consumo en los Estados Unidos, fue el de subirle los impuestos, coloco el alcohol a precios costosos, para los usuarios, rebajando la demanda pero creo que esto no resultaría en Colombia, sin ayuda de  la comunidad va a ser una tarea difícil que el Estado controle los pequeños grupos criminales, que como el alcohol “chiviado”, siguen prevaleciendo en nuestras calles.
Las pequeñas bandas criminales se podría eliminar usando  el programa “Alto al Fuego” empleado en Boston (Estados Unidos) en 1996, las autoridades advirtieron a las bandas violentas involucradas en el tráfico de dro­gas y otros delitos que si algún miembro de su pandilla dispa­raba a alguien, las autoridades irían por todos los miembros. No si se puede emplear en Colombia donde  nos ufanamos del “Estado de derecho”, donde  prevalece sobre la integridad personal.
Las leyes actuales ya prohíben la posesión y consumo de cocaína, heroína y metanfetaminas, pero el riesgo de arresto es demasiado pequeño para ser muy disuasorio. Sin embargo, cuando alguien ha sido condenado por un delito, las reglas cambian. La abs­tinencia puede ser un requisito para la libertad bajo fianza, y esta condición puede ser controlada con exámenes químicos.
La legalización general tiene algunos atractivos superficiales innegables pero no resiste un examen en profundidad. Las perspectivas reales para la reforma implican políticas en lugar de eslóganes. Está por ver si nuestro sistema político Colombiano —y el circo mediático que suele darle forma— pueden tolerar la complejidad necesaria.*
*LA TERCERA VIA EN LA GUERRA  CONTRA LAS DROGAS: Jonathan P. Caulkins y Angela Hawken